Cuando los derechos reproductivos retroceden, la democracia ya está en disputa.
Los autoritarismos están encontrando condiciones propicias para fortalecerse y sostenerse en Latinoamérica y el Caribe. La región atraviesa un momento en el que el desgaste democrático, la desconfianza institucional y la polarización social crean el terreno fértil para liderazgos que apelan al populismo conservador como forma de gobernar. En este contexto, Costa Rica —históricamente presentada como una democracia estable— comienza a protagonizar análisis regionales que documentan tendencias regresivas en materia de género y diversidad como antesala de amenazas más amplias contra los derechos humanos y la democracia. Los reiterados cuestionamientos al multilateralismo, la confrontación con sectores críticos y la construcción de enemigos internos no son episodios aislados: forman parte de una estrategia que capitaliza el malestar social y lo traduce en disputas culturales y de poder político.
En febrero de 2026, Costa Rica vivió un proceso electoral marcado por una fuerte polarización y por la consigna de revertir el 40.61 % de abstencionismo registrado en las presidenciales de 2022. En este contexto electoral reciente, los derechos sexuales y reproductivos volvieron a instrumentalizarse como capital político para negociar con sectores conservadores y llegar con alianzas fortalecidas a las urnas, pasando por encima de la vida y la dignidad de las mujeres y personas con posibilidad de gestar. Para ello, veamos el contexto.
Durante la administración de Rodrigo Chaves Robles se han acumulado decisiones que no solo minimizan la crisis de violencia contra las mujeres, sino que también debilitan la institucionalidad creada para prevenirla y erradicarla. Más que acciones aisladas, estas medidas acordadas con sectores conservadores desatienden el carácter estructural de la crisis y apelan a individualizar el problema, quitando al Estado la responsabilidad de atenderla.
Un ejemplo claro es la eliminación del “Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral” del sistema educativo público. Durante años, este plan abordó la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia y la construcción de relaciones igualitarias desde un enfoque de derechos. Su sustitución por el programa “Educación para la Paz y la Convivencia” implicó un giro conceptual que se aleja del reconocimiento de las disidencias sexogenéricas y el combate a estereotipos de género. El enfoque explícito de género y diversidad desaparece y es reemplazado por una narrativa centrada en moralizar la conducta individual, desplazando así la discusión sobre desigualdades estructurales hacia una visión más correctiva y menos transformadora.
Algo similar ocurre con la norma técnica sobre aborto terapéutico. Más que un simple ajuste administrativo, la decisión del Ejecutivo de modificar la regulación existente envía un mensaje político claro: reducir al mínimo las posibilidades reales de que una mujer pueda interrumpir un embarazo incluso cuando su salud está en riesgo. La normativa anterior reconocía que no solo la vida, sino también la salud —incluida la salud mental— podía verse gravemente afectada por un embarazo forzado. La nueva versión, en cambio, estrecha ese margen y eleva los umbrales, trasladando el debate desde la protección integral de las mujeres hacia una visión mucho más restrictiva y conservadora.
Desde un análisis estratégico de la oposición, estos giros premeditados encajan con una apuesta más amplia de sectores antiderechos en Latinoamérica. Primero, los derechos reproductivos son altamente movilizadores en términos emocionales y morales, ya que permiten construir una narrativa de riesgo bajo argumentos de “defensa de la familia”, “protección de la niñez” o “soberanía nacional”, que simplifica debates complejos y crea enemigos identificables: feministas, personas LGBTIQ+, organismos internacionales, entre otros. Esta construcción de antagonismos es típica de estrategias populistas que necesitan polarización para sostener legitimidad.
Segundo, atacar la agenda de género permite cuestionar la legitimidad de instituciones técnicas y autónomas. Cuando se desautoriza y debilita premeditadamente al Instituto Nacional de las Mujeres —como es el caso de Costa Rica—, se modifica una norma técnica sobre aborto o se elimina la educación integral en sexualidad, el mensaje implícito es que el conocimiento especializado y los estándares internacionales pueden ser sustituidos por la voluntad política del Ejecutivo. Esto desgasta el principio democrático de pesos y contrapesos y normaliza la idea de que las políticas públicas pueden redefinirse según afinidades ideológicas.
Tercero, los derechos reproductivos son un terreno donde se prueba la capacidad de resistencia social. Si un gobierno logra restringirlos sin costos políticos significativos, se amplía el margen para intervenir en más ámbitos: libertad de expresión, independencia judicial, financiamiento de sociedad civil, reducción de espacio cívico, entre otros. Es una estrategia de avance incremental. No comienza por cerrar el Congreso o cooptar tribunales; comienza por disputar los cuerpos como territorio.
Por todo lo anterior es necesario leer a Costa Rica en clave regional, considerando otros escenarios como en El Salvador, Argentina o Estados Unidos, donde la agenda antiderechos expresada en estos países no solo busca, ni tiene como fin último frenar avances feministas, también busca reconfigurar el rol mismo del Estado frente a la igualdad y la diversidad. Es decir, eliminar el Estado social, por un Estado punitivista, moralizante y personalista, para hacer de los gobiernos “personas” —Bukele´s, Trump´s, Milei´s—, y no de instituciones.
Sin embargo, no todo es regresión. Haciendo un balance del proceso electoral reciente, Costa Rica demostró lo que es una disputa por el poder político en un entorno democrático, donde aún hay condiciones para el diálogo, la confrontación de ideas y, sobre todo, para disentir; un verbo que no se conjuga libremente en sus países vecinos, como Nicaragua y El Salvador. Es entonces que, mientras disentir no sea un acto castigado, sino un ejercicio de derechos, habrá esperanza para una democracia que se rehúsa a ceder.
Hoy, la clase política en Costa Rica tiene que optar por reafirmar su compromiso histórico con el pluralismo y la democracia sustantiva. Las lecciones están a la vista. Experiencias recientes en Argentina, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua y Perú muestran cómo las democracias pueden erosionarse no siempre mediante rupturas abruptas, sino a través de desplazamientos graduales que normalizan la mano dura, la deslegitimación del disenso y la criminalización de sectores críticos. La advertencia regional es clara: cuando los derechos —especialmente los reproductivos— se convierten en moneda de disputa ideológica, la democracia ya está siendo puesta a prueba. La pregunta no es si Costa Rica está aislada de esta tendencia, sino qué tan decidida está a resistirla.